Financiada con el dinero de los argentinos, el Fondo de Integración Socio Urbana fue creado en el año 2019 bajo la gestión de Alberto Fernández y fue protagonista de graves acusaciones de corrupción y malversación de fondos.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue instaurado en 2019 durante el Gobierno de Alberto Fernández con la noble misión de mejorar las condiciones de vida en los barrios más vulnerables de Argentina. Financiado con el 9% del impuesto PAIS, el FISU tenía el objetivo de canalizar recursos hacia la construcción de viviendas, redes de agua potable, y servicios básicos en asentamientos informales. Sin embargo, a pesar de su propósito inicial, el fondo rápidamente se convirtió en el centro de graves acusaciones de corrupción y malversación de fondos. Las auditorías y denuncias revelaron que una considerable parte de los recursos asignados no llegaba a las comunidades necesitadas, sino que se desviaba a través de intermediarios y sobrecostos injustificados.
El presidente Javier Milei, en su cruzada contra la corrupción y el gasto ineficaz, decidió desmantelar el FISU poco después de asumir el cargo. Milei denunció que el fondo había degenerado en una “caja negra” de la política, utilizada para el enriquecimiento ilícito de ciertos sectores vinculados al poder. Según el mandatario, el FISU no sólo falló en cumplir su propósito, sino que también se convirtió en un símbolo de la corrupción estructural que afecta a las instituciones argentinas. En lugar de mantener este fondo comprometido por la mala gestión, Milei propuso redirigir los recursos hacia programas más transparentes y eficaces que aseguren una verdadera asistencia a los sectores vulnerables sin el riesgo de corrupción. Aunque su decisión ha generado críticas por la potencial pérdida de apoyo a las comunidades desfavorecidas, también ha sido vista como un paso audaz para limpiar la administración pública y asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan.
EL PROGRESO 